Viernes, 17 Septiembre 2021

Exigen parar los desmontes hasta que se actualicen las zonas protegidas

Publicado el Lunes, 06 Septiembre 2021 11:42 Escrito por

La asociación ambientalista Greenpeace envió una carta al gobernador Gustavo Sáenz. Recordó que en Salta hay “acciones y omisiones que evidencian la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques”.

Frente al inicio del proceso de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN) en Salta, vencido desde 2014, la asociación ambientalista Greenpeace insistió ante el gobernador Gustavo Sáenz para que suspenda cualquier actividad de deforestación en la provincia

La misiva, presentada el 1 de septiembre, se sostiene en distintos ejes: la suspensión de la deforestación; la necesidad de contar con el relevamiento del territorio de las comunidades indígenas; el respeto por el hábitat del yaguareté (especie en peligro de extinción), y la necesidad de ampliar la participación en el Consejo Asesor que ponderará el nuevo OTBN.

En primer lugar, Greenpeace llamó la atención sobre “acciones y omisiones que evidencian la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331)” en Salta “y la consiguiente deforestación”. En este punto recordó que desde la sanción de la ley nacional en la provincia se desmontaron 628.307 hectáreas, muchas de ellas en zonas donde las topadoras no debieron haber pasado.

Asimismo, recordó que durante ese período el gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey “realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley 26.331), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”. Y, además, las fincas que se desmontaron de manera ilegal “aún no fueron restauradas”.

Otros datos sobre el desmonte indican que pese a las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas. En paralelo, el gobierno provincial convocó a la realización de audiencias públicas durante diciembre de 2020 y enero de este año para autorizar desmontes en 7 fincas, por otras 20 mil hectáreas.

La organización ambientalista señaló que la ley nacional que protege los bosques nativos es clara en su artículo 7 al establecer que “las jurisdicciones que no hayan realizado su OTBN no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”; y en su artículo 8, en el dispone que “durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”. 

En cuanto a los plazos de actualización de ese OTBN, el decreto reglamentario de la Ley 26.331 dicta que debe realizarse cada 5 años. De todo lo anterior se desprende que ante la falta actualización del ordenamiento territorial no pueden autorizarse desmontes, dado que de esa forma se estaría ante la incongruencia de que se deforestara lo que potencialmente podría ser definido por el nuevo OTBN como una zona protegida

La posesión indígena 

En la carta a Sáenz Greenpeace recordó también la existencia de la Ley 26.160, de emergencia territorial de la propiedad comunitaria indígena, "que declara la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. La norma también establece que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico - jurídico - catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”. 

El relevamiento aún no fue concluido y “resulta fundamental para realizar la actualización del OTBN”. Sin embargo, según lo que se pudo conocer de las reuniones del Consejo Asesor para actualizar el OTBN, el gobierno provincial considera que el conflicto de las tierras que incluyen a comunidades indígenas y campesinas no debería ser sopesado en la evaluación en proceso.

En la carta Greenpeace recordó que Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés. Se estima que quedan solo cerca de 250 individuos. "Pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20”. La ONG señaló que para para poder sobrevivir cada animal necesita aproximadamente 40.000 hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación. 

Por este tema en julio de 2019 Greenpeace presentó un pedido de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero por no cumplir la Ley de Bosques (26.331) y así permitir que se destruya el hábitat del yaguareté. La Procuración General de la Nación ya dictaminó que la causa es de jurisdicción del máximo tribunal. El amparo solicita que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un Plan de Manejo de la especie.

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